Desde agosto de 2015, El Parlamento Francés aprobó una ley que castiga a las empresas que violen las leyes de defensa del consumidor. Por consiguiente, el artículo 22 del proyecto de ley sobre transición energética para el crecimiento verde, establece que los responsables de la comercialización no pueden reducir la vida útil de un producto para aumentar su tasa de reposición.
La obsolescencia programada es la táctica mercantil de hacer que los productos se vuelvan obsoletos para que los consumidores tengan que comprar nuevos productos, lo que es injusto y perjudicial para el medio ambiente.
El senador francés, Jean-Vincent Placé, ha liderado esta lucha para sancionar a los fabricantes que utilicen esta táctica y aboga por modelos de consumo basados en productos menos perecederos como una forma de defender la sostenibilidad del planeta.
El marco normativo francés sigue su curso para luchar contra la obsolescencia programada, y Placé ha sido un defensor en esta lucha contra la lógica y los intereses económicos. Este plan buscaba limitar los productos electrónicos de «un solo uso» y obligar a los fabricantes a facilitar la reparación de los dispositivos y ofrecer más información sobre la capacidad de reparación de cada producto.
Como parte de esta iniciativa, Francia ha empezado a implementar etiquetas de reparabilidad para lavadoras, portátiles, smartphones, televisores y cortadoras de césped, con una puntuación del 1 al 10. El objetivo es que para el año 2024, se convierta en un índice que informe no solo sobre la restauración de dichos productor, sino también sobre su fiabilidad y solidez a partir de criterios estandarizados para establecer esta distinción.
La necesidad de estas medidas ya se hacía sentir en Europa, según encuestas que revelaron que un 77% de los ciudadanos de la UE preferiría reparar sus dispositivos antes que reemplazarlos, y un 79% cree que los fabricantes deberían estar legalmente obligados a facilitar su arreglo o la sustitución de sus piezas individuales.
